Cientos de hechos ilícitos son advertidos todos los días por el más común de los mortales. Por lamentable que parezca,  esta anormal situación parece no tener límite a la hora del oportuno  aprovechamiento que del erario público hacen los funcionarios “representantes del pueblo”,  en el afán del enriquecimiento personal.

El menú de ilegalidades e ilicitudes comprende una vasta gama de hechos, donde el Estado provincial no es la excepción ante el obrar de esas “bandas con guantes blancos”. No por la pulcritud de sus tropelías, sino por la “impunidad con que se manejan y actúan” desde el poder.

Vivimos algo así diríamos, como “el franchising de la impunidad”.  Con “áreas liberadas” para el fraude y la malversación, en cuyas actividad el o los señores franquiciados pueden obtener rápidos y alucinantes resultados económicos.  Lógico, injustificados y desproporcionados al básico entendimiento humano.

La administración pública provincial, se encuentra dividida en una suerte de tablero o “cotos” para la consecución de tales inmorales objetivos.

En todas sus áreas existen  “cajeros” que recaudan ilícitas ganancias por las franquicias otorgadas a favor de aquellas bandas. Siempre respondiendo al mando de una  segura autoridad de mayor jerarquía.

Eso sí,  el Estado garantiza al franquiciados su absoluta impunidad.  Sin tener que someterse jamás a monitoreo de órgano de control estatal alguno, menos aun, al eventual sometimiento al Poder Judicial, muchos personajes conocidos actúan en la más absoluta impunidad.

Lo mismo sucede en el cotidiano vivir del ciudadano común. Sin prevención ni seguridad, su persona y patrimonio está a merced de los malhechores.  Si bien, actúan en bandas,  nada los diferencias de aquellos “franquiciados de guantes blancos”. Estos actúan bajo el amparo de una mala administración de justicia y una sospechada fuerza de seguridad. La sociedad está convencida del poco recato, probidad y honestidad con que actúan algunos magistrados del Fuero Penal. Son fáciles identificar. Cuando estos poseen potestad sobre la fuerza policial, los mayores hechos ilícitos allí se producen. Siempre los damnificados son esforzados ciudadanos,  profesionales, empresarios y honestos comerciantes la victimas elegidas. El perjuicio patrimonial de los permanentes asaltos, arrebatos y robos calificados que por su cuantía toman estado público es varias veces millonario.

Pero, como en el Poder Judicial en lo criminal se da también aquel “franchising de la impunidad”, ninguno delito que supere los cuatro “debe” ser esclarecido. El juez franquiciador, lejos de importarle que su obrar se califique de “cuarta” todo, por ahora,  lo puede.  

Una sola cosa nos alienta. Todo comienzo tiene inexorablemente un final. Esta inmoral impunidad que nos rodea sobrevivirá,  hasta tanto despierte la sociedad de la modorra del “falso progreso y bienestar” a la que fue arteramente inducida. La indignación colectiva será su motor, Julio Fernando Alegre, su detonador.

De nosotros, sólo de nosotros, depende ¡

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