Las provincias aliadas del kirchnerismo son favorecidas con obras públicas en desmedro de aquellas que no lo son. Entre las aliadas, figura Santiago del Estero, como la segunda que más dinero recibe, después de Buenos Aires.

La mala noticia es que muchas de esas obras públicas, hospitales, escuelas, tuvieron un sobreprecio que asustaría al propio Julio Alegre, otrora aliado incondicional del gobernador, Gerardo Zamora.

Según una información del diario La Nación, las más favorecidas son Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Cruz y el Chaco, que reciben entre todas casi el 60 por ciento de los fondos. En los últimos seis meses, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, fue beneficiado con obras por 911 millones de pesos; el santiagueño Gerardo Zamora recibió 284 millones; el tucumano José Alperovich, 271 millones; el santacruceño Daniel Peralta, 205 millones, y el chaqueño Jorge Capitanich, 196 millones. 

Del otro lado, el puntano Alberto Rodríguez Saá registró obras con fondos nacionales por 14 millones; el catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral, por 25 millones; el correntino Ricardo Colombi, por 26 millones; la fueguina Fabiana Ríos recibió 32 millones, y el neuquino Jorge Sapag, 50 millones.

Entre todos, estos últimos distritos suman 150 millones en partidas efectivamente pagadas, menos del 5 por ciento del total del gasto discriminado por provincias de Planificación Federal.

Como contrapartida, no son pocos los que vuelven admirados cada vez que visitan San Luis, no solamente por sus carreteras, sino también por el orden de sus ciudades y la buena administración.

Algo parecido sucede en Catamarca, una de las provincias menos favorecidas por el reparto de fondos, en la que, sin embargo, se hacen obras de infraestructura y se administra mucho mejor que en Santiago.

Más dinero significa que Santiago está cambiando, como dice el eslogan del gobierno, pero está cambiando con edificios, propiedad de los funcionarios, sus modernos autos, sus casas de fin de semana, falta de insumos en hospitales y salas de primeros auxilios, maestros mal pagados, empleados públicos con sueldos de hambre y medidas coercitivas de todo tipo para evitar que alguien proteste.

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